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Habrá aumento para policías, pero no el del acta acuerdo

Para el gobierno es nula el acta firmada en Concordia bajo presión de los policías acuartelados. Lo mismo sostiene el procurador de la Justicia provincial. Se dispuso un aumento para la fuerza.

 

El gobierno provincial terminó de confirmar ayer la decisión que se venía madurando respecto del acuartelamiento policial de diciembre y el acta que entonces firmó bajo presión el gobernador, Sergio Urribarri.

El acta no será considerada válida y se dispondrá un aumento salarial para la fuerza policial, cuyo alcance se conocerá en las próximas horas. Así quedó establecido ayer al término de un encuentro del que participaron numerosos miembros de la plana mayor policial, incluido el jefe de Policía, Roberto Massuh, y el ministro de Gobierno, Adán Bahl.

 Si bien la determinación y sus eventuales consecuencias se venían analizando en el gobierno provincial desde hace varios días, fuentes policiales confiaron a UNO que tuvieron una fuerte repercusión entre los integrantes de la fuerza de seguridad provincial las recientes declaraciones el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García, quien consideró que el acta y la foto de su firma son una prueba contundente de la extorsión ejercida por los policías acuartelados en Concordia, y anticipó que será la primera prueba que incluirá en la denuncia que presentará contra ellos apenas finalice la feria judicial de enero.

“Será contra los cabecillas y los responsables de los actos de violencia en sede policial y, paralelamente, contra los ciudadanos que participaron de los saqueos, tal como ha quedado determinado en tantísimas filmaciones. Así también contra los que crearon abiertamente las condiciones propicias para los robos, por ejemplo efectivos sorprendidos por las cámaras mientras hacían mover a punta de pistola patrulleros apostados ante comercios que inmediatamente después fueron atacados”, precisó el funcionario judicial.

Se supo que serían 70 los policías denunciados y una docena de ellos los que están más complicados judicialmente.

 “El encuadramiento normativo de los funcionarios policiales está en el delito de sedición, con privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves calificadas, daños calificados, sustracción de bienes de uso público para fines privados y, además, la instigación a robos calificados. Por el lado de los autores de los saqueos, robos calificados de manera reiterada en aprovechamiento de la calamidad”, remarcó el fiscal.

Así, la investigación judicial apunta tanto a los policías que se plegaron a la protesta dejando de cumplir con sus tareas, como a las personas que participaron de los saqueos, y también a determinar la presunta relación entre los policías amotinados y los saqueadores.

Según explicó García la cuestión que es “crucial” está contemplada en el artículo 229 del Código Penal “en los delitos que se llaman atentados contra el orden democrático. Esta corrección fue la primera producida una vez que se recuperó la democracia y fue confirmada en la reforma constitucional de 1994”, indicó.

 Allí se plantea que la sedición “es el alzamiento policial en el ámbito provincial. Si bien a un lego le puede resultar raro porque el objetivo explícito no era voltear a un gobierno, queda claro que se trató de una exigencia extorsiva, cuyo propósito fue arrancar una medida mediante el uso de las armas, lo que irremediablemente la constituye en ilegítima”.

Obviamente, desde el punto de vista del procurador, el acta firmada para poner fin a la protesta es ilegítima y carece de valor alguno.

Se dispondrá un aumento

 En el mismo sentido se entiende la cuestión en el gobierno provincial, que ayer retomó el análisis de la propuesta salarial que estaba acordada y pronta a difundirse al momento de la asonada policial en Concordia.

Tanto en el Ejecutivo como en la fuerza policial se entiende que la medida no resultará “simpática” a los uniformados que llevaron adelante el acuartelamiento, pero se entiende que solo de esta forma se garantiza el orden democrático.

Durante el encuentro de ayer se explicó porqué el acta del 9 de diciembre estaba caída y también se avanzó en la determinación de disponer un incremento salarial, que se conocerá en las próximas horas.

Esa disposición es una decisión del gobierno provincial, en pleno uso de sus facultades, y no sometido a un trato extorsivo como el que se planteó al formar el acta del 9 de diciembre en Concordia (Ver recuadro).

En este sentido, quedó en claro que para el caso de la fuerza policial, el incremento es una decisión del Ejecutivo; no el producto de una discusión o negociación, como sí la tendrá el gobierno con los gremios de los trabajadores estatales en el marco de las paritarias que comenzarán el lunes 6.

Es más, resulta previsible que tras esa puja con los gremios surja un porcentaje de recomposición salarial que seguramente se trasladará luego también a la fuerza policial.

Es más, en los cálculos más optimistas se aseguraba ayer que tras el aumento que se dispondrá este mes y la recomposición que surja luego de desarrolladas las paritarias con los estatales, el salario del agente policial llegaría a ubicarse en niveles similares a los reclamados en el acta de Concordia.

 

 Urribarri había dicho que actuó para evitar que hubiera “un baño de sangre”

El 12 de diciembre el gobernador, Sergio Urribarri, dijo a UNO que no se arrepentía de haber firmado el acta con los policías amotinados en Concordia, que permitió poner fin a una seguidilla de saqueos a comercios y robos durante varias horas en las que incluso se registraron muertes y decenas de personas heridas en Concordia.

Habían pasado tres días del momento más complicado y el mandatario sentía incluso el rigor de las críticas de la oposición por haberse fotografiado junto a los cabecillas del amotinamiento luego de suscribir el acuerdo, con la presencia también del obispo concordiense Luis Collauzol. Urribarri había dicho unas horas antes que no negociaría con los amotinados, y luego negoció.

A este diario le explicó que lo hizo para evitar males mayores. “Lo volvería a hacer mil veces porque estaba en juego la paz social. Tenía la Constitución, las leyes, la Justicia lista para ocupar su rol, pero sentí que no me servían si el riesgo era un baño de sangre”, explicó.

“Si el pueblo entrerriano me eligió para gobernar, es porque cree que los puedo ayudar, pero también proteger. Pensé en la gente y no me arrepiento de lo que hice”, agregó en ese momento el mandatario.

“Fue un momento de tensión extrema donde todos fuimos conscientes de que estábamos en el terreno del delito, pero había que tomar una decisión. Yo tenía la Constitución, la leyes, la Justicia lista para ocupar su rol, pero sentí que no me servían. Pensé en la gente y no me arrepiento de lo que hice”, insistió el mandatario.

Unos días después el jefe del Gabinete nacional, Jorge Capitanich, consideró que la firma de las actas con los policías, en varias provincias, habían sido producto de la extorsión por parte de los uniformados hacia las autoridades políticas.

 

 

Crédito: UNO

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